Si por algo me siento afortunado es porque la ideología nunca ha limitado mis relaciones personales. Muchos de mis más allegados son independentistas. Sus ideas, como las mías, no son el producto de la manipulación ni surgen de la nada. Por eso, siempre distingo entre independentistas y el Procés. Para mí los dirigentes de este último juegan con las nobles convicciones de la gente, prometiéndoles unas posibilidades que, ellos deben de saber a ciencia cierta, no existen.
El cúmulo de politiquerías falaces, vagas -y a menudo contradictorias- que fundamentan el Procés no son fáciles de resumir. Se parte de una proclamación unilateral de independencia mediante declaración parlamentaria. A partir de ahí se da por seguro que el nuevo Estado no sólo gozará de reconocimiento internacional, sino que se quedará en la UE. Y, si por un casual se quedará fuera, hay hipótesis para todos los gustos. Para quienes no creen que exista el veto español, todo será fácil y rápido. Igual que para quienes creen que existe, pues están seguros de que la UE presionará a este país de tercera para no perder a la imprescindible Cataluña.
Desde el Procés se ignora la realidad histórico-política cuando se afirma que el reconocimiento a la nueva república está garantizado, y que España es percibida como un Estado dictatorial al no autorizar la autodeterminación. Por mucho menos que un desafío independentista suspendió el Gobierno Británico la autonomía de Irlanda del Norte hasta cuatro ocasiones entre el 2000 y el 2007. Hace pocas semanas Francia disolvió judicialmente una filial de la ANC en la Catalunya Nord por cuestionar la integridad de la República. ¿Por qué presionaría comunidad internacional a España para que no tomase medidas similares en la resolución de un problema interno?
Salvo casos excepcionales como Kósovo, las independencias unilaterales tienen poco éxito, o ¿alguien ha visto en un mapa a las autoproclamadas Osetia del Sur, Abjasia o Transnitria? Pero, aunque la declaración de independencia se reconociera, el nuevo Estado quedaría fuera de la UE y no hace falta entrar en enrevesada literatura jurídica para verlo. La razón es bien sencilla, la entrada en la UE está condicionada al cumplimiento de unos requisitos políticos y económicos compendiados en los Criterios de Copenhague y el Tratado de Maastricht. Como organización, la UE no puede arriesgarse a aceptar a un Estado recién nacido, antes de comprobar si los reúne.
Aunque llegue a reunirlos, el derecho de veto que podría usar España, nada tiene de hipotético. El art. 49 de Tratado de Maastricht, deja claro que todos los países de la UE deben aceptar por unanimidad la candidatura de un nuevo miembro. Grecia lleva años vetando a Macedonia porque no se cambia el nombre; hasta la próspera Austria tuvo que renunciar por escrito a reclamar el Tirol del Sur a Italia, para que Roma levantara el veto a su candidatura. Así que aún asumiendo la tesis del Procés de que el nuestro es un país de tercera y Cataluña un gran territorio, en nada afectaría eso al derecho de veto para Madrid.
En cuanto a la nacionalidad europea, esta deriva de la nacionalidad de un país miembro. En una hipotética independencia, si España declarara incompatible su nacionalidad con un pasaporte catalán se abren dos posibilidades: o bien los catalanes conservan su nacionalidad vigente, convirtiéndose Cataluña en el primer Estado sin ciudadanos, o, con la nueva nacionalidad, pierden el derecho circular, residir y trabajar en los países de la UE.
Un poco de ciencia ficción: Cataluña se independiza, es reconocida, España no veta su ingreso en la UE, si bien, debe esperar un tiempo fuera. ¿Qué pasaría? En este escenario, la tesis del Procés es que los Estados de la UE seguirían tratando a Cataluña como un miembro más, hasta formalizar la adhesión, cosa imposible. El tratado de la Organización Mundial de Comercio (OMC) impide a sus miembros -la práctica totalidad de Estados del mundo- dar un trato de favor a un país, sin que exista un convenio especial. Por lo tanto, en tanto llegara la adhesión o se negociaran convenios bilaterales con los vecinos europeos, estos tendrían que cobrar a Cataluña aranceles y otras tasas comerciales obligatoriamente. Resulta razonable creer que el impacto económico sería tal que ya no resultaría posible volver a la UE, por incapacidad para cumplir los requisitos económicos exigidos. Y eso sin mencionar la previsible conmoción social que supondría…
Estas líneas no se ha escrito para criticar las ideas de nadie. Y menos para cambiarlas; no valen tanto. Sólo tratan de formular preguntas: ¿Cómo una declaración parlamentaria basta para conseguir el reconocimiento de un nuevo Estado? ¿Cómo evitar el veto español para volver a la UE? ¿Qué impacto económico sufre mientras nuestra sociedad? A menos que alguien me responda a estos lapidarios interrogantes con la letra y la aplicación del Derecho Internacional y Europeo, o con la razón pura, me es imposible ver el Procés como algo más que una maniobra para beneficio de unos pocos cabecillas.
Eduard Ariza, Responsable de Acción Política C’s Santa Coloma